Resumen: La trabajadora tiene contrato indefinido fijo a tiempo parcial (74%), con jornada concentrada, lo cual implica que la trabajadora se halla de alta en la empresa durante 365 días, pero realiza trabajo efectivo durante un total de 270 días y el periodo de inactividad es de 95 días. La empresa solicitó ERTE por fuerza mayor derivada del Covid-19 y, una vez concedido, solo ha incluido en el ERTE a los trabajadores con jornada concentrada durante el periodo en que les correspondía servicio efectivo. El SEPE sólo ha abonado a la actora la prestación durante el periodo de actividad programado en que debía trabajar y no trabajó a consecuencia del ERTE. Ante la reclamación de la actora para que se le reconozca todo el periodo se deniega porque cuando se trata de trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial y con períodos de trabajo concentrados en los cuales el trabajador sigue en alta en la Seguridad Social y, en esos precisos períodos de inactividad material, el trabajador mantiene su contrato de trabajo, y no lo tiene extinguido, suspendido ni reducido, lo que hace que no de encuentre en situación legal de desempleo.
Resumen: El actor impugna en su recurso la resolución de la UNED por la cual se procedió a corregir su examen, tipo test, descontando puntuación por las preguntas contestadas de manera incorrecta, lo que cuestiona de manera explícita. La Sala, en apelación, acuerda sin embargo que procede la desestimación del recurso, como decidió el Juez de instancia, por cuanto: (i) la Administración ha seguido correctamente los tramites del procedimiento de revisión de exámenes tal como se regula en los Estatutos de la UNED y porque (ii) los Tribunales de Justicia no pueden sustituir a los especialistas de la disciplina en el ámbito de la discrecionalidad técnica que es propia de la calificación de una prueba o examen que tienen atribuida, en este caso, profesores de la UNED, y sin que se atisbe que en el ejercicio de esa discrecionalidad técnica hayan incurrido en arbitrariedad, desviación de poder u otra vulneración de las normas a que deba ajustarse la actividad administrativa.
Resumen: Cuestionada la realidad de la actividad económica por la Administración, la sentencia destaca que constaban indicios reveladores de la misma,añadiendo que ya en el examen de caso anterior, referente al impuesto sobre el valor añadido, se había dejado indicado, por ejemplo, que la obligada tributaria se dedujo determinadas cuotas que ni constaban contabilizadas en sus registros ni en tampoco había justificado documentalmente. Por otro lado, era la propia obligada tributaria quien ejercía el arrendamiento, y era quien se dedujo cuotas, siendo o debiendo ser necesariamente consciente de que no cumplían los requisitos legalmente establecidos por cuanto se trataba de cuotas que no constaban contabilizadas en los registros aportados por ella, por lo que conocía dicha circunstancia, y cuotas.En consecuencia, la sentencia estima la demanda en cuanto que se estaba ante un supuesto de rendimientos de actividad económica. Y se estima también por lo que se refiere a la determinación del valor de adquision y a los intereses de demora, con la salvedad de lo referente a que no se computasen los intereses de demora devengados durante el tiempo en que el procedimiento inspector estuvo suspendido. Finalmente, en cuanto al acuerdo sancionador, teniendo en cuenta la estimación de la demanda , la sentencia no aprecia motivo alguno de reprochabilidad para la imposición de sanción en cuantía alguna.
